Expertos de la policía y de asociaciones de lucha contra las sectas destructivas en España sospechan que los principales grupos de manipulación psicológica están tratando de introducir a sus adeptos en la Administración Pública y en las principales empresas privadas. Su objetivo es aumentar su poder de influencia en la sociedad. Eliseo Gutiérrez Ávila, inspector jefe del grupo antisectas, y María Rosa Boladeras, presidente de "Asesoramiento e Información sobre Sectas" (AIS), coinciden en que el peligro radica en la sumisión de los fieles: "si tienen que elegir, obedecerán a su mesías".
El trabajo del inspector Gutiérrez Ávila consiste en demostrar que un ciudadano ejemplar -con nombre, apellidos, domicilio conocido y una brillante hoja de servicios- se dedica a sustraer información sensible de un organismo público por orden del líder de la secta a la que pertenece, una secta que no sólo no se reconoce como tal, sino que -aquí viene lo más difícil- figura inscrita legalmente en España, bien en el registro de entidades religiosas o en el de asociaciones culturales o deportivas.
El inspector jefe Gutiérrez Ávila asegura: "yo tengo el convencimiento moral de que la nueva táctica de las sectas destructivas pasa precisamente por ahí: por aprovecharse de los fieles que trabajan en lugares relevantes de la Administración." También admite el policía tener noticias de que determinados grupos sectarios, principalmente de ultraderecha, están formando cuadros de mando para introducirlos en empresas privadas.
Pero Eliseo Gutiérrez no puede dar nombres, ni siquiera de las sectas sospechosas, y reflexiona así: "lo terrible es que este tipo de grupos se beneficia precisamente de la libertad de creencias que existe en España para captar adeptos, dinero, poder; muchos de ellos para inculcar sus ideas totalitarias."
En el Congreso de los Diputados, Jaime Mayor Oreja, siendo ministro de Interior, se encontró con la difícil papeleta de hablar de sectas destructivas sin nombrar a ninguna, de ofrecer cifras de su implantación en España (más de 200 sectas; más de 100.000 adeptos), sin poder desvelar el origen de sus datos.
Falta en España un listado oficial de sectas, de grupos que utilizan de manera deliberada las técnicas de manipulación de la personalidad para conseguir dinero y poder. La policía y los grupos más serios de lucha contra las sectas tienen que recurrir a los listados de los parlamentos francés y belga -por citar dos ejemplos cercanos- para saber qué se considera secta y qué no en Europa. Aquí en España se sabe que el fantasma de las sectas existe, pero no el castillo donde habita. Al menos, oficialmente.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó la enmienda de Javier Moscoso para prohibir la pertenencia de jueces y fiscales a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que generen en sus adeptos vínculos de obediencia y disciplina ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional.
El magistrado José Luis Requero, perteneciente al Opus Dei, no logró los votos necesarios para ser elegido presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fuentes próximas a los promotores de la enmienda de Javier Moscoso relacionaban el resultado de la votación del pleno del Consejo General del Poder Judicial, desfavorable a J. L. Requero, con el impacto causado por la iniciativa de J. Moscoso.
Noticias de "El País" (16 de noviembre de 1998, y 26 y 27 de julio de 2000) que no deben sino poner en acción a la sociedad civil y a la Administración pública hoy mismo.
